La Sala Constitucional Segunda de La Paz ordenó a dirigentes, organizaciones y participantes movilizados abstenerse de promover o mantener bloqueos violentos, indefinidos o que impidan servicios esenciales, tras conceder parcialmente una Acción Popular vinculada a las protestas y bloqueos en el país.
“El bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y vías estratégicas no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social cuando impide o restringe gravemente la salud, alimentación, educación, seguridad y libre circulación”, señala parte de la resolución emitida este viernes.
El fallo establece además que las protestas conservarán protección constitucional cuando sean pacíficas, proporcionales y respeten corredores humanitarios, rutas alternas, derechos de terceros y bienes públicos o privados. También aclara que marchas, cabildos, vigilias y huelgas continúan permitidas bajo esas condiciones.
Asimismo, la resolución instruye al Gobierno a implementar los mecanismos necesarios para levantar los bloqueos de manera pacífica, mediante el diálogo. En caso de que las medidas de presión persistan, las personas responsables deberán ser individualizadas y procesadas por el Ministerio Público.
La determinación se da en medio de los bloqueos que afectan especialmente al departamento de La Paz y tras una jornada de protestas marcada por hechos violentos y agresiones contra ciudadanos, periodistas y policías.
La Sala Constitucional también ordenó habilitar de forma inmediata y permanente corredores humanitarios para ambulancias, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, agua y transporte de personas en situación vulnerable, entre ellas niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La Acción Popular fue presentada por el exdiputado Amílcar Barral contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellos su secretario ejecutivo, y el senador suplente Nilton Condori, además del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
