13 de mayo de 2024, 17:02 PM
13 de mayo de 2024, 17:02 PM
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) publicó el 29 de abril la licitación para la compra de dos servidores de computador de alta gama por un monto global de Bs 31.138.341 en total destinados a ser utilizados por Derechos Reales, y a la que ya se presentaron cinco proponentes.
La alerta fue lanzada por la diputada Luciana Campero (CC) quien calificó como un engaño la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de paralizar la aplicación del polémico Decreto 5143, que regulariza documentación y registro de propiedades en Derechos Reales.
Según los documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la última reunión con los proponentes se realizó el 8 de mayo, un día antes de que la bancada de diputados arcistas remita al TCP una demanda de inconstitucionalidad del decreto. A esa reunión no acudieron los proponentes quienes solo mandaron consultas por internet.
El 10 de abril pasado, el Gobierno promulgó el Decreto 5143 que regula la documentación de propiedades en Derechos Reales. Casi un mes después los sectores opositores iniciaron una serie de protestas y los trabajadores gremiales, que ya hicieron retroceder al gobierno en tres oportunidades, anunciaron medidas de presión y pidieron que, “de a buenitas”, Arce abrogue el decreto.
El jueves 9 de mayo, los diputados arcistas anunciaron una medida cautelar del decreto y horas después el presidente del Estado, Luis Arce,, daba por suspendido el decreto. Recién al día siguiente los prorrogados del TCP hicieron conocer su decisión de suspender la aplicación del decreto en consonancia con el pedido oficialista.
“Llevar adelante la adquisición de una Infraestructura Tecnológica de misión crítica, suficiente y necesaria para realizar la implementación y puesta en producción del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales, permitiendo a dicho sistema, trabajar en alta disponibilidad, con seguridad robusta y recuperación ante desastres. El equipamiento tecnológico tiene como objetivo operar en 2 sitios seguros y distantes, conectados vía fibra óptica a altas velocidades, garantizando de esta manera la alta disponibilidad del sistema informático”, señala el texto del objetivo de la contratación que lanzó Agetic.
Una compleja lista de requerimientos agrupados en unas 20 páginas le siguen con las especificaciones técnicas de los dos servidores, los mismos que deben ser instalados en las ciudades de La Paz y El Alto.
“El Data Center Principal está ubicado en el subsuelo 2 del edificio del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Este edificio se encuentra en la Calle Potosí, Anexo B, en la ciudad de La Paz. Data Center Secundario: se encuentra en el piso 3 del edificio del Órgano Judicial, situado en la ciudad de El Alto” señala el documento en cuanto a la entrega se refiere.
Los costos del traslado de los equipos y la instalación en los dos lugares definidos deben correr por cuenta de los contratistas. La garantía de cumplimiento del contrato está estipulada en el 7% que debe depositar la empresa adjudicataria.
Las empresas que se presenten deben acreditar la experiencia necesaria en la provisión de equipos de similares características y haber instalado al menos dos de ellos en los 3 años anteriores.
La convocatoria también exige a las empresas la capacitación a cuatro servidores públicos que se encarguen del mantenimiento de emergencia de todos los equipos. También piden que, ante cualquier emergencia, la empresa debe estar en la posibilidad de solucionar en un tiempo no mayor a 8 horas y la provisión de algún repuesto en un plazo máximo de 48 horas.
De acuerdo con los documentos publicados en el Sicoes, la convocatoria está vigente, lo que significa que mientras está paralizado la aplicación del decreto, la compra de los servidores para las supercomputadoras está en vigencia.
