La Policía Boliviana inició procesos disciplinarios internos contra tres efectivos que usaron el alcoholímetro, pese a que está prohibido en los controles rutinarios del país. Ocurrió el fin de semana en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba.
El conductor afectado filmó el hecho y denunció el mal uso de alcoholímetros durante un operativo de tránsito. El hecho desató críticas sobre la legalidad de los dispositivos y la transparencia de las denominadas “batidas” policiales.
La situación se agravó cuando el conductor fue retenido por los oficiales tras dar positivo en un primer alcoholímetro. Sin embargo, al exigir nuevas pruebas, los resultados variaron significativamente: un segundo dispositivo marcó cero, otro 1,34 y un tercero 0,80. La inconsistencia aumentó un debate entre el afectado y los agentes, quienes intentaron justificar las cifras argumentando que algunos “medicamentos” o incluso la “insulina” podrían alterar los resultados.
Ante la difusión del video en las redes sociales, el comandante departamental de Cochabamba, Edson Claure, informó que los tres efectivos serán sometidos a procesos disciplinarios internos.
“Ayer, al ser informados a través de la Inspectoría Departamental, se dispuso que este personal pase a conocimiento de la Fiscalía Policial y de la Dirección Departamental de Personal para que se inicie el proceso administrativo correspondiente. Además, el personal fue replegado al Comando Departamental”, indicó.
Claure aclaró que el procedimiento correcto en estos casos es trasladar al conductor sospechoso a oficinas oficiales —como estaciones policiales integrales o la oficina central— donde se utilizan dispositivos autorizados por la Dirección Departamental de Recaudación, los cuales están en constante verificación y seguimiento.
Asimismo, explicó que, en caso de duda razonable, se puede aplicar una prueba de sangre, la cual es remitida a laboratorios certificados de la Universidad Mayor de San Simón para confirmar o descartar el consumo de alcohol.
El jefe policial también señaló que se ha iniciado una investigación para determinar la legalidad del operativo y el rol de los funcionarios involucrados:
“De los tres funcionarios en el lugar, dos pertenecen a Tránsito de la EPI (Estación Policial Integral) Colcapirhua, y uno al Batallón de Seguridad Física Privada. Se ha ampliado la investigación para establecer por qué este último participaba en tareas de tránsito, siendo ajenas a su función”, enfatizó.
Pese a una circular emitida en abril de 2024 que prohíbe el uso de dispositivos no certificados en operativos, esta denuncia evidencia que estas prácticas continúan, generando incertidumbre entre los ciudadanos y debilitando la credibilidad de las autoridades de tránsito.
