El Gobierno argentino lanzó este lunes un plan de retiro voluntario con el que espera eliminar 20.000 nuevos puestos de trabajo en la administración pública, que se suman a los más de 77.000 ya suprimidos durante la presidencia de Javier Milei.
La iniciativa, que se extenderá por un mes a partir del 1 de noviembre, busca “una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos”, según reza un decreto publicado en el Boletín Oficial.
“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”, escribió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la red social X.
El programa comprende diferentes planes de pago y montos según la edad y antigüedad de los empleados, e incluye una cláusula que prohíbe regresar a la administración pública por ocho años. La medida busca evitar que una salida indemnizada sea seguida por una nueva contratación estatal en el corto plazo.
Sindicatos anuncian protestas
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una marcha para protestar contra el plan de retiros. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. El rechazo es total a este decreto”, escribió en X el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
El empleo público es uno de los más afectados por la política de “motosierra” de Milei sobre el gasto estatal en Argentina.
Según cifras comunicadas en septiembre por Sturzenegger, 21% de los puestos de trabajo del Estado nacional han sido suprimidos desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, lo que equivale a 77.500 empleos menos.
El ministro reivindica la creación de unos 400.000 empleos, aunque la cuenta contempla el empleo informal y los trabajadores por cuenta propia. La informalidad laboral en Argentina creció tres puntos en tres años y se ubica en torno a 45%.
Sectores excluidos
El plan no incluye a las fuerzas de seguridad ni a organismos descentralizados.
El alcance del retiro voluntario se concentra en la administración nacional centralizada. Quedan fuera, entre otros sectores, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, el área de inteligencia y los organismos descentralizados. Por esa razón, el programa no impactará de manera directa en todos los rubros incluidos en la serie de empleo acumulado hasta agosto.
Sus efectos, sin embargo, dependerán de la cantidad de adhesiones que reciban aprobación y de la fecha efectiva de las desvinculaciones.
