Muere Miguel Urioste, el diputado que destapó los casos CAC-Fancesa y Bolibras


El exdiputado chuquisaqueño Miguel Urioste Fernández de Córdova, dirigente del Movimiento Bolivia Libre (MBL), falleció después de una larga enfermedad. Fue parlamentario, candidato presidencial y una de las figuras políticas que en la década de 1990 protagonizó denuncias de alto impacto nacional.

Urioste fue uno de los principales denunciantes del denominado caso CAC-Fancesa, un escándalo que involucró a la empresa Consultoría, Auditoría y Contabilidad (CAC Ltda.) y que derivó en procesos judiciales y en la cárcel para algunos de los implicados.

El caso se remonta a 1990, cuando la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) contrató a CAC Ltda. para supuestamente gestionar la renegociación de la deuda externa de la cementera.

Por ese trabajo, FANCESA pagó alrededor de 1,2 millones de dólares. Sin embargo, las investigaciones posteriores establecieron que la consultora no habría realizado las gestiones que justificaban ese millonario desembolso.

La renegociación de la deuda había sido encarada por otras instancias, entre ellas el Banco Central de Bolivia, situación que puso bajo cuestionamiento el contrato suscrito por la cementera y el destino de los recursos pagados a CAC.

LA DENUNCIA DEL CASO BOLIBRAS

Antes de convertirse en una de las principales figuras de la oposición política en Chuquisaca, Urioste también adquirió notoriedad nacional por sus denuncias sobre el caso Bolibras, relacionado con la presunta obtención irregular de tierras fiscales en Santa Cruz.

El caso involucró a Bolibras S.A., empresa vinculada a dirigentes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) 

La denuncia cuestionaba trámites realizados ante la Reforma Agraria para obtener una extensa superficie de tierras fiscales. Los expedientes correspondientes a Bolibras I y Bolibras II sumaban 95.542,65 hectáreas.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR LA FISCALIZACIÓN

La actuación de Urioste en ambos casos contribuyó a consolidar su perfil como parlamentario dedicado a la fiscalización y a la denuncia de hechos que consideraba lesivos para el patrimonio público.

Además de su actividad parlamentaria, fue candidato a la Presidencia de Bolivia, dirigente del MBL y desarrolló una agenda vinculada con la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas.

Su trayectoria política estuvo ligada a la izquierda democrática y a una etapa de la política boliviana en la que las denuncias parlamentarias sobre corrupción, tierras y manejo de recursos públicos adquirieron una fuerte repercusión nacional.



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