La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pedido de la Procuraduría General del Estado de “acumular” las siete demandas planteadas contra el país por la ejecución extrajudicial, torturas y vejaciones cometidas por agentes gubernamentales contra un grupo de cinco ciudadanos extranjeros. Todo esto en el contexto del asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, cuando el Gobierno denunció un plan separatista y terrorista.
Esas vulneraciones contra derechos humanos fueron establecidas en 2021 en un informe de fondo que elaboró la CIDH a merced del caso 13.546 planteado por la familia del ciudadano irlandés Michel Dwyer, quien fue ejecutado por una fuerza policial que respondía las órdenes del Ministerio de Gobiero. A la demanda se adhirió el croata-boliviano Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó, los dos únicos sobrevivientes de la operación.
Por esta intervención estatal y las acciones judiciales posteriores hubo otras seis denuncias que la Procuraduría tenía la intención de “acumular” para atenderlas en un solo caso y, en ese contexto, ganar más tiempo para cumplir las exigencias para la reparación de daños en favor de las víctimas.
La Comisión señaló, en las notificaciones a las partes, que tras evaluar los expedientes de las otras demandas que están en etapas distintas del proceso que “no será posible” ese pedido, precisamente porque la primera demanda cuenta ya con informe de fondo, que es el requisito previo para que se formule la acusación contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), algo que la Procuraduría quiere, al menos, retardar. Este caso estalló hace ya 15 años en Santa Cruz.
El procurador César Siles informó a mediados de abril que había pedido a la CIDH, que “acumule” todas las peticiones que presentaron las presuntas víctimas del caso asalto al hotel Las Américas. “No solamente es el caso de Tadic, Dwyer y otros, si no (que) hay otros casos abiertos en la CIDH que tratan del mismo suceso del hotel Las Américas: se trata de las ejecuciones extrajudiciales, de torturas, vejámenes, (vulneraciones) al debido proceso”, informó César Siles.
En la petición de Tadic, Dwyer y otros, la CIDH determinó, que en el hotel Las Américas hubo “ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno” de Bolivia en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado.
Entre las otras seis peticiones ante la CIDH por el asalto al hotel Las Américas está el de Ronald Castedo, Juan Carlos Santistevan, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic. Si bien todos estos casos ya fueron admitidos por la Comisión Interamericana, se encuentran en distintas fases de su tratamiento.
Más plazos y juicio
Si bien, la entidad interamericana no aceptó “acumular” las peticiones, el 26 de abril de este año, la CIDH volvió a ampliar el plazo a Bolivia para que en tres meses, el Estado cumpla las recomendaciones del informe de fondo en el caso de Tadic y otros. La fecha límite es el 26 de julio de 2024.
“Durante ese lapso, queda suspendido el término establecido en el artículo 51(1) de la Convención Americana para presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual tendrá vencimiento el 26 de julio de 2024”, dice la CIDH.
Es decir, que si hasta el 26 de julio Bolivia no cumple las cuatro recomendaciones, el Estado puede ir a juicio ante la Corte-IDH acusado de los delitos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y vejámenes, entre otros.
Pero el Gobierno se muestra pesimista para concertar algún acuerdo con los peticionarios ante la CIDH por lo que Siles afirmó que ya está preparando la estrategia de defensa de Bolivia en el juicio ante la Corte IDH.
“Parte de la estrategia de defensa de la Procuraduría y del Estado va a ser que era un grupo terrorista que ha venido con criterios separatistas en el momento democrático que estamos viviendo”, adelantó Siles.
¿Qué recomienda la CIDH?
La CIDH en el informe de fondo de la petición de Mario Tadic, Dwyer y otros, emitió cuatro recomendaciones a Bolivia:
Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; disponer las medidas necesarias para la rehabilitación de las víctimas; iniciar una investigación penal para identificar los posibles responsables e imponer las sanciones que correspondan sobre las graves violaciones de derechos humanos.
En este punto, el Estado no podrá oponer prescripción o eximir de responsabilidad penal; y por último, implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura, para erradicar el uso indiscriminado de la fuerza.
De euros a dólares
La reparación económica es lo que más pesa al momento de cumplir las recomendaciones de la CIDH. Según el procurador Siles, la familia de Michel Dwyer, acribillado en el hotel Las Américas, pide tres millones de euros de indemnización, monto que el Estado asegura que es una suma exorbitante y que Bolivia no tiene la posibilidad de pagar.
En este punto, el 26 de octubre de 2023, la Procuraduría solicitó un “asesoramiento técnico a la Comisión sobre antecedentes” en casos similares de reparación económica y pagos destinados a la rehabilitación de las víctimas de otros países de la región.
Según Siles, los datos del asesoramiento de la CIDH en casos similares condicen con montos que el Estado pagó como indemnización por los desaparecidos en gobiernos dictatoriales como el del dirigente Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado en la dictadura de Luis García Meza.
En este caso, la sentencia de la Corte- IDH fue que el Estado pague 450.000 dólares a la familia, monto que el Estado considera como referencial para negociar con los peticionarios en el caso hotel Las Américas.
Un punto que deja bien establecido la CIDH en la nota técnica es que en el caso específico de Michael Dwyer, existe una contradicción sobre el momento y lugar de la muerte de la persona, ya que mientras la parte peticionaria dice “Dwyer fue ejecutado de manera arbitraria en un aeropuerto”, el Estado sostiene que su muerte fue producto del enfrentamiento o fuego cruzado pero no se probó.
No obstante, la CIDH puntualiza que en ambos casos el Estado es responsable porque “no cumplió con las obligaciones relacionadas con el respeto y la garantía del derecho a la vida que le eran exigibles ante el uso de la fuerza letal”.
Cumplimientos y rechazos
La Procuraduría General se muestra optimista respecto al cumplimiento de las otras recomendaciones y el nuevo plazo que la CIDH le dio el Gobierno.
El procurador Siles citó como ejemplo la segunda recomendación referente a la rehabilitación de la salud de las víctimas de torturas y vejaciones. Siles dijo que está a disposición de las víctimas el Seguro Universal de Salud (SUS).
“Se ha pedido que se vea la posibilidad de un seguro médico para las víctimas o peticionarios. Se ha informado a la Comisión Interamericana que tenemos un seguro universal de salud, el SUS, al cual pueden acceder”, indicó.
No obstante, los peticionarios rechazan este punto porque “el plan propuesto no contiene elementos para un tratamiento integral y con enfoque especializado en casos de tortura”.
Sobre la cuarta recomendación, Siles dijo que “nuestra Escuela de fiscales, jueces y la Universidad Policial nos han informado que se ha implementado en su currículo formación para evitar que se comenta vejación a los derechos humanos como torturas”.
Pero la tercera recomendación de la CIDH es lo que más pesa sobre la Procuraduría. A mediados de abril, Siles aseguraba que el Estado boliviano sí está cumpliendo, mediante la Fiscalía, un proceso de investigación penal para identificar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
No obstante, el 28 de abril, la Fiscalía de Santa Cruz rechazó la investigación iniciada por delitos de torturas y vejámenes a las víctimas del asalto al hotel Las Américas donde tres personas fueron acribilladas. Según la Fiscalía no existen suficientes elementos de convicción.
Sobre el punto, Siles se mostró contrariado con esta decisión puesto que muestra que el Estado boliviano no está cumpliendo con lo recomendado por la CIDH. “Esperamos que eso pueda revertirse con una objeción que presente alguna de las partes o el Defensor del Pueblo y sigan las investigaciones”.
ANALISIS
“No se cumplió ninguna recomendación”
Sergio Villa Ramos / Abogado
Sobre las recomendaciones de la CIDH, el gobierno no ha cumplido ninguna de ellas. En el tema económico no hubo ningún acuerdo. Ahora que el Gobierno ya tiene el asesoramiento técnico que ha pedido, tendría que proponer una cantidad para que las víctimas sean reparadas, pero hay mucho rechazo del Gobierno para poder realizar esto.
Hasta el momento no se ha materializado ninguna reparación que tenga que ver con las víctimas y las propuestas de los actores estatales han sido obstaculizadoras y muy poco serias.
En el tema de si es posible o no es posible para el Estado pagar un monto determinado como reparación a las familias de las víctimas, el Estado no ha aportado elementos para acreditar que no tiene la capacidad de pago. Tendría que haber presentado documentos que reflejen la situación financiera del país.
Si el Estado boliviano dice que no puede cumplir con el pago porque es excesivo primero tiene que acreditar que no puede por un tema presupuestal interno, pero también tendría que rebelar cuál es el monto que se tendría que entregar.
En cuanto al pedido de acumulación de casos la Comisión ha sido contundente, porque además, la normativa es muy clara y dice que no puede acumularse algo resuelto a otros casos que se encuentran en trámite. En todo caso se advierte que este pedido es una táctica entorpecedora del Gobierno boliviano.
Otro hecho alarmante es que el propio procurador (Siles) ha dicho que pretende reabrir las causas contra Alcides Mendoza y todas las personas involucradas en este caso en aprisionamiento ilegal. Parece que es un medio de presión para tratar que las víctimas se ajusten a lo que el Estado propone, pero no alcanza a una reparación eficaz. Perp en todo caso confiamos en la Comisión Interamericana.
ASALTO DE 2009
La madrugada del 16 de abril de 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz disparando sus armas de fuego. Como consecuencia Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos. En tanto, el húngaro Elöd Tóásó y el croata boliviano Mario Tadic fueron detenidos y procesados.
