El juez Javier Vargas Arancibia, del Juzgado 2º de Instrucción Anticorrupción y Violencia de La Paz, determinó que el dirigente Ponciano Santos, allegado a Evo Morales, sea enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado por los bloqueos que se suscitaron en el país en 2024.
Con esta determinación, el dirigente ‘evista’ pasará seis meses en el recinto penitenciario mientras se impulsan las pesquisas, acusado por la comisión de fiscales de La Paz por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública. Precisamente, el hombre mantenía una orden de aprehensión desde el año pasado.
Durante la audiencia, la autoridad jurisdiccional demostró riesgos procesales sobre el acusado como el riesgo de fuga, no acreditó domicilio fijo y obstaculización a la investigación, según confirmó EL DEBER. La hija del expresidente, Evaliz Morales, asumió la defensa del dirigente.
Ponciano Santos fue aprehendido ayer (viernes) cuando participaba de un mitin de organizaciones leales a Morales, en inmediaciones de la plaza Bolivia, ubicada a dos cuadras de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando pretendían inscribir la candidatura del líder cocalero para las elecciones generales del 17 de agosto. Todos estos aprestos desataron una protesta y gasificación de la Policía ante los anillos de seguridad que fueron rebasados por el tumulto de simpatizantes.
Horas antes, cuando una columna de personas partió en caravana desde Cochabamba hacia La Paz, el dirigente desafió a la Policía a que lo aprehenda y aseguró que sí o sí registrarán la candidatura del expresidente que permaneció en su refugio en Lauca Ñ, Cochabamba, mientras sus leales protestaban en la sede de Gobierno.
Su pedido se cumplió cuando agentes del orden lo interceptaron y lo subieron a un vehículo para trasladarlo a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lugar donde pasó la noche.
La orden de aprehensión contra Santos seguía vigente por parte de la Fiscalía desde el año pasado, cuando las bases cocaleras bloquearon las carreteras, exigiendo que Evo participe de las elecciones y cesen las “persecuciones” ante las acusaciones que apuntaron al expresidente por el delito de estupro.