El diputado de Creemos Henry Gutiérrez Farrel, aliado político de Manfred Reyes Villa, decidió retirar la acción de cumplimiento que había presentado en contra de los candidatos que no renunciaron a sus cargos públicos a los que accedieron en las elecciones pasadas.
El recurso generó en las últimas horas un nuevo escenario de incertidumbre sobre el desarrollo de las elecciones generales de agosto e incluso autoridades del Órgano Judicial se pronunciaron este viernes exigiendo respeto a su independencia y garantizaron el proceso electoral.
En esta jornada se conoció también que el diputado Gutiérrez solicitó que se archive el caso y pidió la entrega de copias legalizadas de todas las actuaciones procesales. Con ello, se desactiva al menos una de las posibles amenazas contra el proceso electoral.
“La unidad de Bolivia está por encima de cualquier situación personal y particular”, señala el documento firmado por el legislador y dirigido al presidente de la Sala Constitucional Segunda.
El recurso estaba dirigido contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y exigía la inhabilitación de las parlamentarias del Movimiento Al Socialismo (MAS), María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga, bajo el argumento de que tampoco habrían dejado sus cargos antes de inscribirse como candidatas a la reelección.
Gutiérrez explicó que ya había formalizado una denuncia el 30 de mayo contra las tres legisladoras, pidiendo al TSE que las excluyera de las listas del MAS.
Si bien el legislador no está en carrera electoral, su esposa, Nair Sánchez, es candidata a diputada por el partido APB-Súmate en la circunscripción 47 de Santa Cruz.
Queda pendiente otro recurso
Al margen de este recurso, el pasado 23 de junio, el abogado Carlos Villarroel interpuso una demanda que apunta directamente a cinco postulantes presidenciales: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira.
Según el jurista, estos candidatos no habrían renunciado a sus funciones como exige la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que pide su inhabilitación inmediata.
