El ampliado de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia realizado este lunes en la ciudad de Sucre determinó otorgar un plazo de 72 horas al Gobierno para resolver el problema de la escasez de diésel y gasolina, y la situación de las carreteras; asimismo las destituciones de los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen; de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure; y del viceministro de los Derechos del Usuario y del Consumidor Oscar Silva.
En caso de no darse cumplimiento a estas peticiones, el sector determinó declararse en paro indefinido, informó este lunes el secretario general de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.
El dirigente admitió que el congreso fue “muy debatido” por las posiciones de las federaciones de este sector en los nueve departamentos.
“El ampliado de la Confederación determinó otorgar un plazo de 72 horas al Gobierno para resolver el problema del diésel y la gasolina; de las carreteras y, asimismo, la destitución del Presidente de YPFB, Presidente de la ABC y del viceministro Silva, por mentiroso, que no habla las cosas en claro”, manifestó Gómez, a la conclusión del ampliado de emergencia realizado en la capital del Estado.
El dirigente indicó que entre otras de las medidas está la decisión de no pagar los peajes en las carreteras, pero cada departamento determinará en qué momento ejecutará esta medida, por el mal estado de los caminos que dificultan el transporte y no hay presupuesto para arreglar.
Desde Chuquisaca, el ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes, Marco Antonio Huaranca, indicó que en el ampliado propusieron el no pago de peajes hasta que se resuelva el problema de la crisis energética y se garantice la libre transitabilidad.
“Vamos a exigir el control del pago de peaje que hacemos, sabemos que un porcentaje va para el arreglo de carreteras y con las lluvias hemos visto que las carreteras están muy mal, no hay presupuesto para el arreglo, por eso vamos a pedir a dónde va ese dinero”, manifestó Huaranca.
El dirigente señaló que el pedido de Chuquisaca es que las autoridades de YPFB, ABC y otras instituciones del Gobierno se reduzcan sus salarios a un 50% porque la crisis económica solo afecta a algunos sectores que “mueren del hambre” y no así a otros que están percibiendo salarios por encima de los 40.000 bolivianos como ocurre con el presidente de YPFB.
