Ninguno de los siete aprehendidos por supuesta participación en el caso consorcio se encuentra actualmente en un penal. Ni siquera los tres que recibieron detención preventiva y debieran estar encarcelados, todos ellos están internados en centros médicos.
De los siete aprehendidos, cuatro recibieron detención domiciliaria y tres la detención preventiva.
Los tres que están en detención preventiva son el exministro de Justicia, César Siles, la exvocal del Tribunal Dpartamental de Justcia de La Paz, Claudia Castro, y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.
Siles debe ser enviado a la cárcel de Patacamaya, sin embargo, está internado en una clínica desde hace nueve días. Su abogado informó la semana pasada que el exministro fue intervenido quirúrgicamente, debido a un problema colorectal, y que requiere curaciones cada hora.
En el caso de la exvocal Castro, encarcelada en principio en el penal de Obrajes, ha sido trasladada a un centro médico debido a su estado de salud marcado por la epilepsia y un cuadro de salmonelosis, según su abogado Marco Mostajo.
El abogado Mostajo sostuvo que la exvocal requiere de seguimiento médico diario y que, además, necesita medicamentos que no existirían en Bolivia.
En cuanto al juez Lea Plaza, quien debería estar en la cárcel de San Pedro de La Paz, su abogada, Zuleika Lanza, informó el anterior viernes que fue internado por su estado de salud delicado, además de que sufre de depresión.
El resto de los aprehendidos cumple detención domiciliaria: el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Yván Córdoba, además de un abogado y un exfuncionario judicial.
Consultado sobre esta situación: ninguno de los implicados está efectivamente en la cárcel, el representante del Consejo de la Magistratura, Marco Cárdenas, señaló este lunes que corresponde al Ministerio Público considerar cómo el proceso pudiese haber afectado la salud de los implicados.
En este caso se investiga una red de autoridades, quienes habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir un fallo para destituir a una magistrada titular del TSJ, de manera ilegal. Un audio y testimonios indican que el exministro y vocales habrían presionado al juez para que lleve adelante esa acción.
Asimismo, se conoce de un prófugo de este caso, quien era la persona que presentó el recurso legal en base al cual se pretendía suspender a la magistrada.
El caso se encuentra actualmente declarado en reserva ampliada, después de haber fenecido un primer plazo.
