Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al sistema de salud pública en Bolivia, tras revelarse que al menos 30 ítems fantasmas fueron creados en la Caja Petrolera de Salud (CPS), generando un daño económico estimado en más de un millón de bolivianos.
Las irregularidades habrían comenzado en 2020 y se extendieron por al menos cinco gestiones consecutivas, según informaron las autoridades de la CPS, durante una intervención en la ciudad de Santa Cruz.
El director nacional de la CPS, Javier García, confirmó que se descubrieron planillas adulteradas en el área de Recursos Humanos, donde dos funcionarios habrían registrado sueldos ficticios a personas que nunca trabajaron en la institución.
La denuncia activó una intervención inmediata de los agentes del Departamento Especializado en Lucha Contra la Corrupción (Delcc) y la llegada de una comisión de investigación desde La Paz.
“Hemos identificado inicialmente un caso, pero hay indicios de que hay más. Esto será determinado por la auditoría. El daño estimado, de momento, supera el millón de bolivianos”, afirmó García.
El dinero fue desviado, principalmente, a través del pago de suplencias a trabajadores inexistentes o que nunca asumieron las funciones por las que se emitieron los pagos. Las planillas falsas se habrían generado cuando un médico salía de vacaciones y su supuesto reemplazo cobraba por un trabajo nunca realizado.
El jefe de Asesoría Legal de la CPS, Eddy Bedoya, explicó que el fraude no solo implicó la manipulación de documentos oficiales, sino que fue posible gracias a una red interna de funcionarios que elaboraban y aprobaban las planillas.
“Hemos arrestado a tres funcionarios, quienes serán procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes. Este patrón de corrupción se arrastra desde hace años, y se calcula que hay entre 30 y 40 ítems fantasmas por gestión”, sostuvo Bedoya.
Durante el operativo, la policía secuestró documentación clave, que será analizada en una auditoría forense, cuyo resultado podría elevar sustancialmente el monto del daño económico.
La Caja Petrolera, que atiende a miles de trabajadores del sector hidrocarburos, enfrenta serias críticas por la falta de control interno, sobre todo en un contexto de crisis donde los precios de medicamentos han subido entre 200% y 300%, según denunció García.
“Ese millón de bolivianos robado hoy podría haberse destinado a la compra de medicamentos. Con los precios actuales, cada peso cuenta para garantizar atención médica”, lamentó.
Entre las medidas anunciadas para evitar futuros fraudes, la institución anunció una restructuración en Recursos Humanos, la remoción del personal involucrado y la depuración de los sistemas informáticos de pago de planillas.
