Una comisión de alto nivel del Gobierno inició este martes en Rurrenabaque el diálogo con dirigentes de la marcha de campesinos e indígenas que expresaron su rechazo a la Ley 1720, norma que autoriza la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a mediana.
La delegación gubernamental está encabezada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Régimen Interior, Hernán Paredes, además del director nacional del INRA, Hernán Pereira, junto a un equipo técnico especializado.
En este primer encuentro se recogen las demandas de los sectores movilizados, con el compromiso de articular soluciones efectivas a sus planteamientos.
El objetivo central del encuentro es socializar los beneficios y alcances de la norma, que busca ampliar las oportunidades de desarrollo y facilitar el acceso a créditos del sistema financiero para pequeños productores.
La ley no impone la conversión
Horas antes, en La Paz, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, destacó la importancia de establecer contacto con los sectores movilizados para atender sus demandas.
Justiniano explicó que gran parte de las organizaciones que participan en la movilización están asentadas en tierras comunitarias de origen (TCO), las cuales –aseguró– están excluidas de los alcances de la ley que permitirá a los pequeños propietarios rurales que así lo desee, cambiar la clasificación de sus predios a medianos habilitándolos así como posibles garantías para la obtención de créditos bancarios.
“El objetivo central es otorgar mayores oportunidades de desarrollo y libertad económica a los pequeños productores, garantizando en todo momento la protección de la propiedad comunitaria”, sostuvo.
Justiniano remarcó que la mencionada conversión no es imperativa. “Es su libertad; está en su voluntad hacerlo o no hacerlo. La ley no obliga absolutamente a nadie, y esto es muy importante decirlo con la claridad que corresponde”.
