Cuando a Carlos le diagnosticaron insuficiencia renal terminal, su mundo cambió por completo. Las sesiones de hemodiálisis se convirtieron en parte de su rutina, mientras él y su familia mantenían la esperanza de que llegara un donante compatible. Después de dos años de espera, un milagro ocurrió: un donante anónimo le devolvió la oportunidad de vivir. Hoy, Carlos es uno de los muchos bolivianos que ha sido beneficiado gracias a un trasplante de órganos. Sin embargo, su historia no sería posible sin un elemento crucial: el avance en la legislación boliviana sobre la donación y el trasplante de órganos.
En los últimos años, Bolivia ha dado pasos firmes para fortalecer su marco legal y técnico sobre donación de órganos, tejidos y células. Aunque la Ley 1716, promulgada en 1996, sentó las bases normativas, los cambios sociales, médicos y tecnológicos del siglo XXI han exigido una profunda revisión y actualización del sistema.
“El tema de la donación de órganos debe abordarse siempre desde una perspectiva humanitaria, considerando el consentimiento y la expresión de voluntad. Estas características deben estar plenamente evidenciadas en la normativa y en la práctica”, afirma Yerko Paz, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.
Según el experto, la donación no es simplemente un acto médico o administrativo, sino una manifestación suprema de solidaridad. “Se trata de una concesión voluntaria de recursos biodisponibles, que puede realizarse tanto en vida como después del fallecimiento, en favor de alguien que necesita una nueva oportunidad para vivir”, explica.
La legislación boliviana ha evolucionado progresivamente. A la Ley 1716, se sumaron normativas clave como el Decreto Supremo 1115, que reglamenta la ley, y el Decreto Supremo 1870, que establece el trasplante renal gratuito a nivel nacional. Este último, parte de las políticas públicas de salud, ha permitido que cientos de personas accedan a este procedimiento sin incurrir en altos costos médicos.
Nuevos pasos hacia la modernización
Entre los avances más significativos destaca la introducción, en 2023, de una medida que permite a cualquier ciudadano manifestar su voluntad de ser donante mediante escritura pública ante notario. Este mecanismo garantiza el consentimiento expreso, respaldado por la fe pública del Estado.
“El reconocimiento notarial de la voluntad de donar órganos es un gran avance. Otorga seguridad jurídica y refuerza el carácter voluntario de la donación”, indica Paz. Este paso se alinea con los esfuerzos del Ministerio de Salud, que ha trabajado en una propuesta de actualización normativa socializada con especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los mayores retos sigue siendo la baja cultura de donación en la sociedad. Muchas personas desconocen cómo convertirse en donantes, y otras se enfrentan a mitos o temores infundados. Por ello, las autoridades han intensificado campañas de sensibilización y educación pública, enfocadas en la empatía y la conciencia social.
Hacia una legislación más solidaria
En 2024, el Gobierno presentó un Proyecto de Ley para el Fomento a la Solidaridad y Donaciones, orientado a incentivar aportes filantrópicos con beneficios fiscales. Aunque va más allá de la donación de órganos, esta ley promueve una cultura más altruista que también impacta positivamente en el sistema de salud.
Por otro lado, en 2025 se remitió el proyecto de Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Bolivia, con el objetivo de crear un sistema transparente y eficiente, basado en estándares internacionales. Esta propuesta legislativa incluye avances como:
- La creación del Registro Nacional de Donantes con la adopción del modelo de consentimiento presunto, que establece a toda persona como donante salvo manifestación en contrario.
- Medidas estrictas contra el tráfico ilegal de órganos. “Nuestra legislación reconoce que la comercialización de órganos, fuera de los parámetros legales establecidos, constituye un delito grave. La donación debe mantener su carácter profundamente humano y proteger el derecho a la vida de quienes los necesitan”, enfatiza Paz.
Desde el enfoque jurídico, la donación de órganos representa un área donde el Derecho actúa como puente entre la medicina, la ética y los derechos humanos.
“El Derecho regula la conducta externa de las personas con base en principios de justicia y certeza jurídica. Por eso, es vital que quienes se forman en esta disciplina comprendan su rol en temas tan sensibles y de alto impacto social como este”, reflexiona el docente de Unifranz.
Las universidades juegan un papel crucial en este proceso, no solo desde la formación académica, sino también desde el impulso al debate, la investigación y el diseño de políticas públicas orientadas al bien común.
Hacia un sistema más transparente y eficiente
Uno de los desafíos más urgentes del sistema boliviano ha sido la necesidad de contar con información precisa y digitalizada. Por ello, se está implementando un Registro Único de Donantes y Receptores, que permitirá mejorar la asignación de órganos y garantizar mayor transparencia en el proceso.
Además, se ha trabajado en la actualización de la Norma Nacional de Procedimientos de Trasplante Renal, incluyendo protocolos para trasplantes con donantes vivos relacionados, trasplantes cadavéricos y el manejo postrasplante. Esta norma, en línea con las mejores prácticas internacionales, busca estandarizar la atención y mejorar los resultados clínicos.
Con estos cambios, Bolivia se encamina hacia un sistema más ético, profesional y centrado en el paciente. Sin embargo, aún queda camino por recorrer, especialmente en la promoción de la donación post mortem, que sigue siendo un tema sensible y muchas veces postergado en la discusión pública.
La historia de Carlos, como la de cientos de personas en el país, es un testimonio del poder transformador que puede tener una decisión solidaria. “Donar es un acto de amor, de entrega. Es una forma de trascender incluso después de la muerte”, concluye Paz.
